|
Controversia por otro casino flotante
En medio de una disputa entre la justicia porteña, que
lo considera ilegal, y la justicia federal, que habilitó su
funcionamiento, un segundo casino flotante se instaló, en enero
último, en Puerto Madero, junto al barco Estrella de la Fortuna
que funcionaba como sala de juegos desde 1999.
El nuevo navío, el Princess, de cuatro pisos lujosamente
alfombrados, cuatro barras y techos dorados, ha sido
acondicionado especialmente para atraer a los apostadores a
jugar con las máquinas tragamonedas, la ruleta electrónica o el
juego "vedette", llamado Wild Race, una carrera de caballos
virtual, donde los animales son casi idénticos a los reales.
La batalla legal por la habilitación de este segundo barco es
casi tan larga como los cuestionamientos que todavía enfrenta en
los tribunales el primero. En efecto, el 21 de noviembre del año
último, la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la ciudad
entendió que esta segunda embarcación era ilegal. Los camaristas
argumentaron que, sin perjuicio de que resulta a todas luces
ilegal la instalación de un nuevo casino en Buenos Aires, la
falta de una licitación para la instalación del primero resulta
de imposible encuadre legal. Ante el recurso de amparo
presentado por el casino flotante ante la justicia federal, el
juez actuante comunicó al gobierno porteño que no puede adoptar
medidas que afecten los derechos de la empresa Casino de Buenos
Aires sobre el barco Princess.
Desde el gobierno porteño, aunque se informó que habían apelado
la resolución judicial, repitiéndose las mismas instancias que
se dieron con el casino flotante anterior, reconocieron que no
tienen poder de policía para cerrar el Estrella de la Fortuna e
impedir que se abra el nuevo. Como ya lo hemos señalado
anteriormente en estas mismas columnas, el problema de fondo es
quién tiene el control del juego en la ciudad. Las normas
locales, incluidas la Constitución y la justicia porteña, dicen
que la ciudad. La Corte también tiene dicho en otros fallos que
es la ciudad quien tiene el poder para decidir sobre el juego en
su jurisdicción, como lo es cada provincia en su caso. En tanto
Lotería Nacional y algunos tribunales federales dicen que es de
la Nación. La cuestión no es menor, pues se trata de una puja
que involucra 3760 millones de pesos en apuestas recibidas, al
año, entre el casino y las tragamonedas, de los cuales el 80 por
ciento de las ganancias es para la empresa operadora y el 20 por
ciento restante, para el Estado.
Un nuevo ingrediente se ha sumado a esta casi interminable
disputa. La justicia federal investiga a ex funcionarios de la
Lotería Nacional y a directivos del casino flotante a raíz de la
resolución que les permitió prorrogar la licencia de
explotación, de 15 a 20 años. La causa fue iniciada a mediados
del año pasado a raíz de una denuncia del titular de la Oficina
Anticorrupción (OA), Abel Fleitas Ortiz de Rosas, quien
manifestó que los funcionarios de la Lotería Nacional, al dictar
en 2002 la resolución que autoriza el segundo barco y prorroga
la concesión, actuaron en forma interesada, esto es, volcaron
sobre el negocio descripto una pretensión no administrativa.
La denuncia se basó en dictámenes de la Sindicatura General de
la Nación (Sigen), que estaba a cargo del actual ministro de
Justicia, Alberto Iribarne, donde señalaban objeciones a la
manera como se resolvió ampliar los beneficios del casino. Por
ello los denunciantes concluyeron que la empresa no comprometía
su capital en la construcción del segundo buque, pues el Estado
le garantizaba el reintegro de la suma por invertir. Asimismo
puntualizaron que la empresa no informó de cuánto estimaba
invertir en el barco, para calcular si la prórroga era
proporcional con esa erogación.
Anteayer, se abrió una nueva instancia en este tema, a partir de
un amparo contra la apertura del segundo casino presentado por
el abogado Ricardo Monner Sans, quien propuso que los dos barcos
no operen más en la Capital, sino que funcionen navegando aguas
adentro del río. En una audiencia convocada al efecto por el
juez porteño Roberto Gallardo, representantes del Instituto del
Juego de la ciudad y de Lotería Nacional se comprometieron a
estudiar la iniciativa y contestar si la aceptan o no el 8 de
marzo próximo.
La falta de definición sobre quién tiene competencia para
regular el juego en la ciudad de Buenos Aires ha creado
situaciones enojosas y otras que, como se ha visto, requieren
aclaraciones acerca de las decisiones de los funcionarios
intervinientes y pleitos judiciales interminables, con los
costos que ello representa para el Estado y la ciudad.
Mientras tanto, esta indefinición ha permitido la instalación de
un nuevo casino flotante, el llamado a licitación para explotar
salas de bingo cuyo plazo de explotación había expirado y la
amenaza concreta de la presencia de máquinas tragamonedas en
ámbitos en los que la legislación local las prohíbe; es decir
que un escenario convulsionado y confuso propicia, una vez más,
la industria del juego cuando, en realidad, lo que la Argentina
debería comenzar a debatir es la necesidad de erradicarlo.
Vía: lanacion.com.ar/
|
